ALBERGUES Y CAMPAMENTOS

Condiciones inadecuadas en los albergues oficiales

“Era un centro de cultura, obviamente ahora cambia el perfil, ahora es un albergue. La persona que lo cuida es un policía bastante poco empático, que les da ocho minutos para bañarse, no deja entrar a nadie, [los damnificados] tienen que entrar y salir a cierta hora. A mí me suena mucho como si la gente estuviera en una prisión, aunque puedes salir, pero no debe de estar así. Parece que te están castigando, todavía que perdiste tus cosas y te castigan.”
- Testimonio de una mujer damnificada de la delegación Coyoacán

Son solo dos los albergues instalados por autoridades gubernamentales en los que se realizó la documentación. El primero de ellos se encuentra en la delegación Magdalena Contreras; el segundo, en la delegación Coyoacán. En ambos casos las brigadas registraron que los albergues contaban con doctores que acudían de vez en cuando, personal de limpieza y de seguridad; pero en el segundo se carecía de psicólogos, geriatras y enfermeros. Al mismo tiempo documentamos condiciones inadecuadas y quejas en cuanto al trato que recibieron las y los damnificados por parte de los encargados de administrar el albergue.

Por su parte, el albergue ubicado en la delegación Magdalena Contreras, de acuerdo a la última actualización de la Secretaria de Desarrollo Social del 3 de enero 2018, era uno de los tres albergues oficiales que permanecían abiertos, los otros dos eran en la Delegación Cuauhtémoc y en la Delegación Venustiano Carranza. El albergue de la Magdalena Contreras no era un albergue de uso exclusivo para damnificados, sino una casa hogar que fungió como albergue después del sismo. La dependencia responsable del albergue eran las autoridades delegacionales. En un principio se le dio alojamiento hasta a 250 personas, pero en noviembre, cuando acudió la brigada para registrar las condiciones, solo permanecían alrededor de ocho familias, con un total de 25 personas. De esas familias, por lo menos una permanecía ahí porque cerró el otro albergue al que habían acudido originalmente. Los brigadistas registraron que “existía un refugio temporal que se cerró y tuvieron que salir de ahí”.

La mayoría de los residentes eran niños cuyos padres salían a trabajar en el día, lo que implicaba que en muchas ocasiones se tenían que quedar solos. Sin embargo, la brigada registró que, aunque había una clara necesidad de asegurar condiciones de seguridad y de incorporar actividades para los menores de edad, estas funciones específicas no las cumplía el albergue.

En cuanto las condiciones, la brigada registró que el lugar cuenta con las necesidades básicas, con excepción de agua potable. Al principio, el albergue se sostenía de “donativos; sin embargo, por falta de éstos las personas se han encargado de comprarlos con su propio dinero”. Los residentes se quejaron de que “los encargados [del albergue] no se encuentran donde deberían de estar”, lo que complicaba prevenir los casos de robo que se habían registrado al interior del albergue. También señalaron que no se les proporcionaba suficiente atención tanto médica como de alimentación. Los residentes del albergue comentaron que eran frecuentes las enfermedades estomacales “por causa de la comida que se les daba”.

En cuanto al albergue ubicado en la delegación Coyoacán, este era mixto. Las y los damnificados organizaron este espacio en las instalaciones de una escuela pública y fue sostenido principalmente por sociedad civil, como se describe al inicio del capítulo. Dada la tensión que surgió entre la necesidad de abrir nuevamente la escuela primaria y las necesidades de las y los damnificados a una vivienda de emergencia, el espacio se trasladó a un centro comunitario cercano y se incorporó a la lista de albergues oficiales. En palabras de una mujer damnificada del entrevistada:

“A X sí llegó personal de la delegación y dijo bueno, obviamente que esto no era un albergue, pero lo podemos organizar [adaptar] como albergue. Entonces cuando recién lo contaron, yo me acuerdo que hasta dije, no lo veo tan mal, porque tenía camitas y hasta lo fuimos a ver y dije se ve bueno”.

Después de haber permanecido semanas a la intemperie, varios damnificados entrevistados compartieron la primera impresión compartida por la mujer entrevistada. La opción de acondicionar el espacio del centro cultural como albergue les parecía una decisión correcta, sobre todo porque habían logrado un acuerdo de coordinación mixta. Mientras el albergue quedaba bajo la responsabilidad de la delegación Coyoacán, la supervisión se mantenía entre los mismos damnificados. Sin embargo, el registro realizado por las brigadas, incluyendo las entrevistas a profundidad realizadas con mujeres y hombres damnificados, apuntaron que al poco tiempo se empezaron a generar condiciones sumamente adversas, inclusos hostiles y coercitivas.

Durante las visitas realizadas por la brigada de estudiantes, el albergue hospedaba a 14 familias en un total de 36 personas. Los afectados compartieron que “existe un comedor por parte del gobierno para 300 personas, y en cuestión de higiene hay un deportivo que da permiso de ir a bañarse.” Parte de los insumos del albergue provenían del gobierno, pero “en ocasiones [la comida] viene en descomposición, les dan casi diario lo mismo, o no es suficiente”. Además, los artículos de higiene personal provienen de donaciones solidarias de vecinos o compañeros de trabajo. Aunque tenían luz, drenaje e internet, compartían la misma carencia que el albergue de la delegación Magdalena Contreras, les faltaba en ocasiones agua potable. De hecho, como veremos en una sección posterior, el acceso al servicio público del agua fue un problema detectado también en una parte importante de los campamentos civiles.