ALBERGUES Y CAMPAMENTOS

Desatención de autoridades en campamentos ciudadanos y albergues oficiales

La presencia de autoridades civiles varió de manera significativa en los albergues y campamentos que se establecieron en las distintas delegaciones de la ciudad. En algunos casos, atestiguamos una saturación de la presencia de autoridades, como fue el caso de la delegación Álvaro Obregón. Diez días después del sismo visitamos el poblado porque algunas personas nos habían comentado que hubo afectaciones severas, algo que fue evidente tan solo al llegar al centro del pueblo y ver los daños a los muros y las grietas que atravesaban la iglesia colonial. Lo primero que nos impactó fue observar la gran movilización de servidores públicos de la delegación que participaban en diversas actividades frente al desastre. Algunos se encargaban de tareas de acopio, mientras otros realizaban un diagnóstico de las casas dañadas, y otros monitoreaban la demolición de casas y presentaban información sobre las casas “modelo” que ofrecía la delegación como parte de un paquete de reconstrucción gratuito. Mientras transitábamos las calles, nos encontramos con camionetas pick-up en las que viajaban equipos de servidores públicos de la delegación, quienes estaban recorriendo el pueblo para registrar y corroborar las viviendas dañadas o colapsadas por el sismo, que de acuerdo a los datos oficiales sumaban ochenta9. Dado el nivel de respuesta gubernamental, el campamento instalado en el centro del pueblo permaneció abierto poco tiempo. Cuando una de las brigadas se presentó en el pueblo a finales de octubre, éste ya había cerrado y las obras de reconstrucción de viviendas se encontraban en un estado avanzado.

En el otro extremo de la ciudad, en la delegación Tláhuac, -colonias que comparten similares carencias socioeconómicas que las colonias de la Álvaro Obregón- las respuestas de las autoridades fueron en sentido contrario. En uno de los lugares de documentación, la única presencia de las autoridades durante las primeras semanas posteriores al sismo fue de Protección Civil, que llegó el 22 de septiembre. Sin embargo, después de esa visita, el retiro de objetos personales y el desalojo del inmueble lo realizaron las mismas familias afectadas con la ayuda de vecinos. Las personas afectadas que vivieron meses en los campamentos reportaron que representantes de la delegación hicieron caso omiso a sus peticiones; tampoco hubo presencia de organismos públicos de derechos humanos, ni de los militares o las fuerzas de seguridad pública. Solo después de varias semanas empezaron a llegar al campamento funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Social para ofrecerles comida caliente dos veces al día. La ausencia de autoridades de fuerza pública fue reportada en campamentos independientes en las delegaciones Benito Juárez (44%) y Cuauhtémoc (75%) (Anexo A2.2).

La presencia efectiva de las autoridades dependía de muchos factores, incluyendo la voluntad política de los funcionarios públicos responsables en cada delegación, la correlación de fuerzas al interior de las dependencias de gobierno y la capacidad de exigencia de las personas damnificadas. Aunque las descripciones contrastantes entre Álvaro Obregón y Tláhuac son un ejemplo contrario, en muchos casos también influyó la situación socioeconómica de las personas damnificadas. Las poblaciones en mayores condiciones de precariedad y fuera del lente mediático recibieron menos atención por parte de las autoridades como podrá verse en el último apartado del capítulo. Al mismo tiempo, no hay que olvidar que el sismo sucede al inicio de un periodo electoral de alta contienda, lo que también hizo que la atención gubernamental fuera atravesada por intereses políticos de distinta índole.

¿Qué tipo de autoridades estuvieron presentes en los campamentos y albergues?

En este apartado unimos la información documentada tanto en los albergues oficiales y ciudadanos como en los campamentos civiles. Lo primero que resaltamos es que hubo una presencia de dependencias de gobierno en la mayoría de los espacios de vivienda de emergencia (Cuadro 2.17). De acuerdo con los datos recabados por las brigadas, en 67% de los casos se reportó la presencia de autoridades civiles. Dentro de ese grupo, la mayor presencia fue del gobierno central de la CDMX por parte de la Sedeso y la Contraloría (50%). A este grupo le siguen las autoridades delegacionales, en ocasiones acompañadas de otras dependencias como INVI, Banobras, FINZA (28%) (Cuadro 2.18).

Cuadro 2.16 Fuente de insumos 2 en los albergues y campamentos
Presencia Autoridades civiles Autoridades de fuerza pública
Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje Porcentaje válido
Ausente 27% 33% 35% 60%
Presente 54% 67% 23% 40%
Sin información 19% 42%
Total 100% 100%

Como se recomienda en el capítulo 7, las acciones de atención frente a un desastre corresponden a autoridades civiles que deben proveer de necesidades básicas incluyendo alimentos y atención a salud. Tal como lo señala el Cuadro 2.18, aunque las brigadas reportaron la presencia de autoridades en 8 campamentos o albergues, solo en 4 se reportaron la presencia de autoridades con dichas facultades. En ese sentido, la muestra de los datos apunta a una ausencia importante de autoridades con capacidad de responder a las necesidades básicas de vivienda de emergencia.

Cuadro 2.18 Tipo de autoridades civiles presentes en los albergues y campamentos
Autoridades civiles Porcentaje
Delegación 21%
Delegación con otras autoridades (INVI, Banobras, FINZA) 7%
Protección civil 7%
Gobierno central CDMX (Contraloría CDMX, Secretaría desarrollo social) 50%
Diputado local 7%
Sin información 7%
Total 100%

En un campamento instalado en la delegación Cuauhtémoc las personas afectadas señalaron que la primera vez que hubo presencia de alguna autoridad fue de funcionarios de la delegación “para demoler el edificio, sin dar una solución”. Las y los afectados solicitaron reuniones con autoridades para conocer y tener certeza sobre el estado del inmueble y los pasos a seguir en la reconstrucción, pero esas solicitudes de reuniones no fueron atendidas. En un campamento ubicado en la delegación Benito Juárez acudieron autoridades de la delegación y, sin embargo, asumieron pocos compromisos con las personas afectadas, ya que llegaron “sin prestar apoyo. Se asumían sin recursos económicos para apoyar a los afectados” que en este caso eran principalmente personas de la tercera edad. Las autoridades que sí acudieron para ofrecer créditos, aun antes de que entrara en vigor la Ley para la Reconstrucción, fueron las dependencias del INVI, Banobras y FINZA.

Asimismo, en 40% de los lugares había algún tipo de autoridad de la fuerza pública (Cuadro 2.17), incluyendo elementos de las fuerzas de seguridad pública 67% y militares 33% (Cuadro 2.19)10.

Cuadro 2.19 Tipo de autoridades de fuerza pública en los albergues y campamentos
Autoridades fuerza pública Porcentaje
Secretaría de Seguridad Pública 33%
Policía local 17%
Granaderos 17%
Militares 33%
Total 100%

Es preocupante la presencia documentada de miembros de las fuerzas armadas en los albergues puesto que su entrenamiento está enfocado al combate del enemigo y no a las funciones de seguridad pública o el tratamiento con población civil. Aunado a lo anterior, incluso se ha llegado a señalar que en México existe una relación entre la presencia del ejército cumpliendo labores civiles y la violación de derechos humanos, en especial de mujeres11.

Cabe señalar que, respecto a la presencia de la policía en los campamentos o en los espacios colindantes, los testimonios apuntan a percepciones a veces contradictorias. Las personas damnificadas expresaban sentirse muy vulnerables y expuestas a posibles situaciones de violencia, asaltos o robos durante los meses que permanecieron en la calle. Por lo mismo, para algunas era importante contar con la presencia de elementos de la policía para sentirse protegidas. En otros casos, las personas que ofrecieron información compartían sentirse más vulnerables ante la presencia de la policía. Ello se debe posiblemente a la percepción generalizada de los altos índices de corrupción al interior de las instituciones de la seguridad pública y a experiencias compartidas de abuso de autoridad por parte de elementos policiales. Otras personas entrevistadas, aunque compartían ambas percepciones, también reconocían que los policías responsables de vigilar las calles cercanas a los campamentos padecían, igual que ellos, hambre, frío y otras incomodidades. En esos casos, describían escenas de empatía entre las poblaciones damnificadas y los policías. Un hombre damnificado entrevistado se quejó que la presencia de la policía no había prevenido el robo de objetos personales del inmueble dañado. Consideraba que se debía en parte a que solo son dos policías hacían guardia y sus condiciones laborales no eran las óptimas. Al mismo tiempo describió que a veces regresaba al campamento después de su día laboral los viernes a medianoche:

“Y pues sí están ahí los policías, están ahí durmiendo. Hasta les llevamos una cobijita porque pues también es bien feo que está haciendo un montón de frío, como un acto humanitario ¿no? Y ahí están en una banquita, los dos ahí, ya les llevamos su cobijita y ellos nos llevan tamales pues también para compartir.”

Como quiera que sea, es importante indicar las condiciones especiales de riesgo en que se encuentran las personas damnificadas viviendo en espacios improvisados en la vía pública.

¿Cómo actuaron las autoridades presentes?

“Ha venido mucha gente y buena, sobre todo la gente que es así, por ejemplo, como ustedes, o los psicólogos de la UNAM, gente que viene porque quiere, porque siente la preocupación, pero los funcionarios sí lo ven a uno como una molestia”
- Testimonio de un hombre damnificado

Al mismo tiempo, la información compartida por las personas afectadas permite identificar que en donde hubo presencia de autoridades no siempre fue para responder a las necesidades de las y los afectados. En un campamento en el Centro Histórico, la única autoridad que hizo dos visitas fue la Contraloría de la Ciudad de México, cuando lo que las personas afectadas estaban solicitando eran condiciones de seguridad para el campamento. La brigada registró que “la seguridad pública carece de apoyo en la resolución de conflictos vecinales y no ofrece la garantía de salvaguardar la integridad física de las personas del campamento”. En un campamento en la delegación Benito Juárez los brigadistas reportaron que Protección Civil solo se presentó para valorar una de las torres dañadas, pero nunca para identificar y canalizar necesidades de las personas damnificadas. En otro campamento en la Cuauhtémoc, las personas afectadas se quejaron que en lugar de que las dependencias facultadas estuvieran para responder a sus necesidades, la presencia de las autoridades se dio de manera personalizada dado que “solo se ha acercado una diputada, quien les está brindando apoyo, como comida y l os está vinculando con autoridades del gobierno de la Ciudad de México”.

Abusos de autoridad reportados

En 90% de los campamentos y albergues en los que obtuvimos información, las personas afectadas reportaron abusos, maltratos o situaciones irregulares violatorias de derechos por parte de las autoridades encargadas (Cuadro 2.20). Nos parece importante destacar que un gran porcentaje de las personas entrevistadas (39%) caracterizaron como abuso el hecho de que las autoridades no estuvieran presentes. Recuérdese que las preguntas eran abiertas, por lo cual fueron las personas entrevistadas y no las preguntas las que identificaron la ausencia como una categoría relevante de abuso estatal. De hecho, este fue, según las personas entrevistadas, el abuso más prevalente, seguido de las amenazas de desalojo (28%), la violencia (22%) y el maltrato verbal (11%) (Cuadro 2.21).

Cuadro 2.20 Presencia de abusos en los albergues y campamentos
Abusos Porcentaje Porcentaje válido
No 8% 10%
69% 90%
Sin información 23%
Total 100%
Cuadro 2.21 Tipo de abusos reportados
Tipo de abusos Porcentaje
Violencia o coerción 22%
Amenazas de desalojo 28%
Maltrato verbal 11%
Ausencia de autoridades 39%
Total 100%

La siguiente descripción hecha por personas damnificadas permite dar cuenta del tipo de situaciones de abuso que se registraron en los albergues y campamentos.

Durante las primeras dos semanas, el entonces campamento estaba resguardado por miembros del ejército, cuando se convierte en albergue oficial lo comienza a custodiar elementos de las fuerzas de seguridad pública. Algunos entrevistados pensaban que ahora sí “ellos [los policías] los iban a cuidar”; sin embargo, las experiencias compartidas fueron en gran parte en sentido opuesto. La brigada registró múltiples quejas contra los policías que resguardaban el espacio dado que “indican que les robaban sus víveres y la ropa [donada]” e incluso algunos acusaron a los policías en turno de “por las madrugadas sacar el acopio y la ropa que era destinado para ellos”. Otros damnificados indicaron que “algunos policías en guardia les toman fotos o video sin nuestro consentimiento [cuando llegaba acopio], o abren las carpas [sin su permiso] para ver qué estamos haciendo y dicen que es su deber”. También señalaron que “hay un cuarto repleto de acopio, pero los policías dicen que no pueden tomar nada de ahí porque es propiedad del gobierno y a ellos [los policías] les toca resguardarlo”.

Además de los policías en la entrada, las brigadas señalaron que había una administradora que participaba en “un constante hostigamiento”, incluyendo la restricción de las visitas, los horarios limitados de entrada y salida, y control sobre actividades básicas de lo cotidiano, como tiempo limitado para bañarse, tal como lo señala el testimonio al inicio de esta sección. Si bien las dependencias del gobierno entregan alimentos, “en ocasiones vienen en estado de descomposición, la comida está quemada, nos dan diario casi lo mismo, y en ocasiones no es suficiente”. Se refiere a que los artículos de higiene personal también son de donativos, pero son insuficientes. En palabras de una persona entrevistada:

“Ese albergue, la gente que lo maneja y los policías parece que fuera un delito ser damnificado, o sea yo fui a ver a la señora X porque me dijo que no tenía parrilla para calentar su leche, o sea, no les dan nada de facilidad, te dan el techo, pero todo como condicionado. Yo fui y le llevé cosas de las mismas despensas que nos han dado, cositas, pero más o menos si llegamos cargados… Y ya vamos y a la policía [le digo] pues que vengo con la señora X, y no, no me dejaron pasar.”

El hostigamiento por parte de la administradora y los policías llegó a tal grado que una de las brigadas tuvo que terminar la documentación vía una entrevista telefónica dado que los residentes del albergue ya no quisieron seguir hablando con ellos en el albergue. “Tienen miedo de hablar por temor a ser corridos y que se queden en la calle”, fue lo que registró un brigadista en el formulario, quien también anotó que los entrevistados llegaron a la conclusión que el trato poco digno y el hostigamiento eran porque “las autoridades están haciendo todo lo posible por sacar a la gente de ahí”.

Al mismo tiempo que se quejaban del trato de las autoridades, algunas personas damnificadas entrevistadas fueron comprensivas en el sentido de reconocer que la situación de emergencia supera a todas y todos. Describieron que la combinación de los recursos limitados, las condiciones inadecuadas, el maltrato por parte de la policía y la constante tensión creada por la incertidumbre de un eventual proyecto de reconstrucción generaban un ambiente “hostil entre los vecinos donde las peleas son constantes.” El análisis sobre los impactos de “sentirse rebasados” lo extendieron a los funcionarios públicos, a quienes clasificaron de no estar ni preparados, ni capacitados para administrar un albergue después de un desastre.

“Es cierto, ellas no estaban preparadas para atender [a damnificados]. Ellos trabajan no sé, como administrador de una oficina y lo pones ahora de repente a administrar un albergue, pues son dos cosas diferentes. O les das capacitación o lo cambias, pero tú tampoco puedes hacer que la gente, de por sí es gente pues somos gente vulnerable, bueno yo ahorita ya no tanto, pero antes cualquier cosa me hacía llorar o me hacía enojar, pues estás así en un estado de adrenalina, pero total y pones a gente así a administrar un lugar y pues no es justo para nadie.”

Este tipo de comentarios de empatía no absuelven al gobierno de sus responsabilidades. Por el contrario, las y los damnificados insistieron en que hay que capacitar a funcionarios públicos y elaborar protocolos para responder de manera efectiva ante una situación de desastre. Utilizando la metáfora de un hogar, insistieron que el albergue se debe pensar en función de las necesidades que existen “en una casa” y que el trato debe atender a esas necesidades o, de lo contrario, “estás perdiendo tu derecho a una vivienda digna”. En este caso la señora entrevistada lo pone en términos simples: “no creo que sea tan difícil encontrar alguien, pues, que tenga un poco de empatía con la humanidad.”

Denuncias

Aunque las personas damnificadas compartieron su malestar frente a situaciones de abuso o maltratos con las y los brigadistas, en el 61% de los casos esas situaciones no fueron denunciadas formalmente ante autoridades (Cuadro 2.22).

Cuadro 2.22 Denuncia de los abusos
Denuncia Porcentaje
No 61%
11%
Otra forma de mediación 6%
Sin información 22%
Total 100%

Una revisión de las respuestas registradas nos lleva a la conclusión tentativa de que hubo dos razones principales para la falta de denuncia. La primera se refiere a la poca expectativa de que algo se pueda corregir mediante una denuncia. Dadas las experiencias generalizadas con las autoridades en las que las acciones favorables son escasas y poco probables, muchos damnificados consideraron que no valía la pena presentar una queja formal porque “no son atendidos por las autoridades”.

La segunda razón tiene que ver con temores a sufrir represalias al presentar una denuncia. Personas afectadas expresaron miedo de perder lo poco que habían logrado de estabilidad, como es tener un espacio para dormir en un campamento y albergue, por denunciar los tratos abusivos de las autoridades. Existía por lo tanto también un “miedo de hablar, temor a ser corridos y quedarse en la calle”. Dicho miedo parece mucho más apremiante en los lugares de presencia de granaderos o militares, que podían ejercer violencia directa sobre las personas. Este miedo es ilustrado por uno de los testimonios que recogimos, según el cual en un albergue oficial los militares “amenazaron a uno de los coordinadores [civil] de muerte”.

A pesar de que la mayoría de los testimonios indican que las personas afectadas tenían conocimiento de los organismos públicos de derechos humanos (CNDH y CNDHDF) y la voluntad de denunciar abusos, la presencia de autoridades que verificaran la protección de derechos humanos fue muy escasa (en 82% de los casos no estuvieron presentes en ningún momento).

9. https://www.reporteindigo.com/reporte/inicia-la-reconstruccion-en-santa-rosa-xochiac-alvaro-obregon/

10. Cabe señalar que las respuestas de las personas damnificadas señalan: “elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (33%), policías locales (176%), granaderos (176%), y militares”, lo que no nos permite determinar exactamente qué institución de seguridad pública estuvo presente (local, Policía Federal, etc.) pero sí podemos determinar que hubo presencia tanto de las fuerzas de seguridad pública como de las fuerzas armadas en los albergues y campamentos.

11. Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 79

ANEXO

Anexo A2.2 Presencia de autoridades de fuerza pública por delegación
Presencia de autoridades Delegación
Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Iztapalapa Magdalena Contreras Milpa Alta Tláhuac Total
Ausente 44% 50% 75% 0% 0% 0% 14% 35%
Presente 33% 50% 25% 50% 0% 0% 0% 23%
Sin información 22% 0% 0% 50% 100% 100% 86% 42%
Total % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Total de casos 9 2 4 2 1 1 7 26