ALBERGUES Y CAMPAMENTOS

Poblaciones en situaciones de vulnerabilidad

Como se menciona en el capítulo 7, en una emergencia tienden a agudizarse los riesgos y las condiciones de vulnerabilidad a los que están expuestos diversos sectores de la población, como es el caso de mujeres, niños, pueblos indígenas y afrodescendientes, adultos mayores y personas con discapacidad. Cuando en la primavera de 2018 nos encontramos analizando el contenido de la base de datos con un grupo de estudiantes de licenciatura y de posgrado, varios expresaron una inconformidad con la categoría “grupos vulnerables”. Argumentaron que la categoría parece fijar la vulnerabilidad en los cuerpos de las personas como si fueran ellas y ellos los vulnerables, en lugar de señalar las condiciones institucionales y estructurales que generan condiciones de riesgo. Incluso una estudiante de doctorado se refirió a la “vulnerabilización” de las personas, es decir, a acciones u omisiones derivadas de las políticas de Estado que aumentan situaciones de riesgos para determinados sectores de la sociedad. Nos parece importante retomar lo discutido entre brigadistas para señalar que, cuando hablamos de poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, en muchos casos ello se debe a elementos de carácter estructural, como la precariedad socioeconómica, la discriminación de género y el racismo, un empobrecimiento de la infraestructura necesaria para acceder adecuadamente al sistema de salud u otros servicios públicos, y una tendencia de estar más expuestos a situaciones de violencia física, entre otros.

En secciones anteriores de este capítulo nos hemos referido a algunos de estos tipos de riesgo. Por ejemplo, hablamos del impacto negativo que puede tener la presencia de las fuerzas armadas en los albergues o campamentos y su relación con violaciones a derechos humanos de las mujeres. En secciones anteriores también nos referimos a casos como el del albergue oficial en la delegación Magdalena Contreras donde brigadistas reportaron que niñas y niños de familias damnificadas solían quedarse solos cuando ambos padres tenían que salir a trabajar. El hecho de que menores de edad se tengan que quedar solos en un albergue con otras familias de desconocidos, sin la supervisión adecuada de un adulto y sin actividades concretas para ellos, incrementa situaciones de riesgo de distintas índoles. Aunque podemos señalar de manera puntual estas situaciones de riesgo, la información recabada por las brigadas no nos permite una mayor profundización sobre las situaciones que incrementan la vulnerabilidad de los niños y niñas. La misma limitante la tenemos respecto a las personas damnificadas con discapacidad. Aunque las brigadas reportaron que había personas con discapacidades en el 46% de los campamentos, no pudimos obtener información para determinar hasta qué punto las autoridades y redes de la sociedad civil proporcionaban una atención adecuada y diferenciada para este grupo. También sabemos que en 17 de los 26 campamentos y albergues documentados había adultos mayores, pero los resultados de los formularios tienen la misma limitación.

Sin embargo, sí obtuvimos datos suficientes para identificar el tipo de riesgos y situaciones que vulneran los derechos de dos sectores de la población. En esta sección nos referimos primero a las condiciones de riesgo a las que estaban expuestas mujeres y sus hijas e hijos en los campamentos. En segundo lugar, a la falta de reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas, tanto de pueblos originarios en la Ciudad de México, como es el caso de Xochimilco y Milpa Alta, como de comunidades indígenas residentes, es decir miembros de pueblos indígenas de otros estados del país habitantes de la ciudad.

Las condiciones de mujeres y niños en los campamentos y albergues

Al revisar la información recabada por las brigadas, llama la atención que los dos campamentos conformados casi exclusivamente por mujeres, niñas y niños se encontraban en colonias de alta marginalidad socioeconómica y con altos índices de violencia, uno en la delegación Cuauhtémoc y el segundo en la delegación Tláhuac. A pesar de los riesgos a la integridad física a las que estaban expuestas por vivir en estos campamentos, en ambos casos detectamos una notable ausencia de las autoridades.

En el campamento de la delegación Cuauhtémoc vivían en total 50 personas, de las cuales 20 eran mujeres adultas, sobre todo madres solteras, 5 hombres, y las demás eran menores de edad. El campamento está ubicado en una zona de alta marginalidad socioeconómica, con una alta tasa de asaltos y otros actos de violencia que generaron un ambiente de inseguridad para las mujeres del campamento.

Las mujeres afectadas se vieron obligadas a establecerse en la vía pública dado que su edificio tenía daños estructurales severos. Este edificio es el único en la colonia en ese estado, lo que significa que el campamento se encontraba solo, sin una red de damnificados en la que se pudieran apoyar. En cuanto al acceso a los servicios públicos, el campamento contaba con agua, energía eléctrica (aunque la luz se iba por periodos durante la noche) y una clínica de salud cercana. No tenía drenaje.

Dada la lejanía que tenía este campamento con otros y el hecho de que en la colonia no hubo otros inmuebles con daños severos, las mujeres del campamento recibieron poca atención por parte de las autoridades. Por lo mismo, una parte importante de los insumos provino del trabajo de las madres solteras, que complementaban sus necesidades básicas con la ayuda de las redes de acopio ciudadanas como el grupo Hoy por México, colectivo que ante la falta de drenaje, logró gestionar y recaudar fondos para alquilar un baño portátil. El reconocimiento de este tipo de apoyo solidario por parte de colectivos de la sociedad civil generaba un ambiente de “amabilidad y tolerancia a terceras personas” que contrastaba con su entorno bastante adverso.

La brigada documentó que algunas de las damnificadas tenían condiciones delicadas de salud, incluyendo una mujer con diabetes e hipertensión que “carece del medicamento, condiciones [adecuadas] y observación médica”. En cuanto al estado emocional de las personas en el campamento, se registró que “Una gran parte de [las personas en el] campamento presentaron mareos y estrés a causa del sismo”. Además, la mayoría presentaba perturbación del sueño y, aunque no detallan los síntomas, los brigadistas reportaron estados emocionales tan alterados que los describieron como “estrés postraumático”.

A las condiciones de enfermedades preexistentes y las angustias provocadas por el sismo se agregaron situaciones de estrés debido a la incertidumbre que prevalecía por la falta de dictámenes oficiales y a que, a mediados de diciembre, su edificio aún no aparecía en la Plataforma CDMX12. La brigada registró que “las autoridades de la delegación Cuauhtémoc dictaminaron que el inmueble es inhabitable pero no les han entregado un documento oficial. No se encuentran en ninguna plataforma oficial que les permita tener alguna respuesta concreta sobre el futuro de la vivienda.” De acuerdo con los testimonios recabados, las pocas autoridades con las que tuvieron contacto durante los tres meses posteriores al sismo carecían de coherencia al momento de evaluar el inmueble.

Aunado a lo anterior, se registraron conflictos entre las mujeres del campamento y las y los vecinos de la colonia. La brigada registró un conflicto entre las mujeres del campamento y otra vecina que se negaba a dejar el inmueble y permanecía viviendo en su departamento a pesar del peligro que ello representaba. Al mismo tiempo, las mujeres del campamento recibían poco apoyo por parte de sus vecinos de los edificios aledaños. Además, señalaron conflictos con la comunidad, sobre todo porque el campamento estaba obstruyendo el acceso a una bodega de comerciantes y complicaba el paso de motocicletas. Al respecto, la brigada registra que “se evidencia intentos de desalojo, por parte de la comunidad, presentan violencia verbal, simbólica y probabilidades de riña entre los vecinos y el campamento.”

Debido a la situación descrita, una de las principales demandas de las mujeres, sobre todo las madres solteras del campamento, era apoyo por parte de las autoridades para “la resolución de conflictos vecinales y ofrecer la garantía de salvaguardar la integridad física de las personas del campamento.” Sin embargo, la única autoridad que acudió al campamento durante los primeros meses después del sismo fue la contraloría de la Ciudad de México en dos ocasiones. Las mujeres del campamento se quejaron de su “ineficaz presencia, criterio y profesionalización.” Después de que Documenta Desde Abajo, junto con diversas organizaciones de la sociedad civil, publicaron un comunicado denunciando la respuesta ineficaz de las autoridades frente a las necesidades de los campamentos, supimos que funcionarios de la Secretaria de Gobierno de la CDMX visitaron el campamento para tener conocimiento sobre la situación de las personas damnificadas. Sin embargo, hasta la conclusión de la documentación de las brigadas, no existía respuesta por parte de las autoridades para identificar y responder a las situaciones de inseguridad que vivían mujeres y niños en campamentos como el de la delegación Cuauhtémoc.

Las situaciones descritas ponen en peligro la integridad tanto física como psicológica de las mujeres e incumplen las obligaciones del Estado de garantizarles una vida libre de violencia y el más alto nivel de salud física y mental. Además, la no entrega de los dictámenes incumple con sus derechos a la seguridad jurídica en relación con sus viviendas. Asimismo, las autoridades no les han explicado cómo se garantizará la recuperación de su vivienda.

El segundo campamento de mujeres se encontraba frente a una unidad habitacional en la delegación Tláhuac. Como lo describe en mayor detalle el Capítulo sobre Tláhuac, la unidad tenía ocho edificios y algunos de ellos fueron dañados por el sismo del 19s. Dentro de los inmuebles afectados, se encuentra un grupo de siete departamentos que eran habitados principalmente por mujeres, madres solteras. Aunque estas vecinas no tenían mucha relación entre sí, después del sismo empezaron a apoyarse para resolver sus necesidades básicas y organizarse para exigir la presencia de las autoridades.

Durante el primer mes después del sismo, el campamento no había recibido atención por parte de las autoridades y no contaba con los elementos necesarios para permanecer en la vía pública. A mediados de octubre se enteraron de la presencia de funcionarios públicos en una colonia aledaña. Las mujeres damnificadas enviaron a una representante para decirles: “nosotras no existíamos para nadie y les dijimos en qué situación estábamos. Fue la señora X la que fue ese día, la que habló con los que estaban ahí de gobierno central y le dijeron le vamos a mandar una casa de campaña y se vinieron. Le dijeron tú vas en la camioneta y llévalos a donde están y fue que llegaron aquí con la camioneta y nos dejaron las dos casas de campaña.” Gracias a eso lograron instalar su campamento. Tenían una lona, una carpa grande de color azul dividida en dos cuartos donde hay una mesa, sillas y televisión, junto con dos casas de campaña equipadas con colchones, colchonetas y cobertores nuevos. Sin embargo, carecían de servicios básicos, sobre todo agua potable y un baño portátil. Ello implica que tienen que buscar redes de apoyo con familiares y vecinos para poder cubrir sus necesidades de higiene.

Coordinar un campamento implicaba responsabilidades y riesgos para ellas. Las mujeres vecinas estaban conscientes de los peligros que implicaba dormir en la calle. Aunque sus casas de campaña estaban ubicadas en un área verde cercada con malla ciclónica, sabían que cualquiera podía brincarla y agredirlas. Sus temores tenían fundamento. Desde el primer día, algunos individuos empezaron a asaltar los inmuebles dañados. Así describe los primeros días después del sismo una de las mujeres damnificadas del campamento: “Yo llegué, no había luz, estábamos a oscuras, incluso toda la noche nos la pasamos aquí haciendo fogatas porque empezaron, por lo mismo de que estaba oscuro y en mucho pasillo, empezaron a entrar a asaltar”.

A pesar del riesgo, ellas permanecían en el campamento durante la noche para evitar robos al mismo o el saqueo de sus departamentos. Esta situación no era sencilla ya que, por el hecho de ser mujeres, se encontraban más expuestas a situaciones de violencia de género. Las mujeres del campamento afirmaron sentir miedo a ser atacadas sexualmente en las noches. Al igual que en el campamento de la delegación Cuauhtémoc, hasta que finalizó la documentación, las autoridades no se habían presentado para determinar con certeza el estado de su inmueble y tampoco para brindar apoyo para proteger su integridad física, sobre todo por las noches.

Por otro lado, en contraste al campamento de la Cuauhtémoc en el que la situación de las mujeres era desconocida, en Tláhuac las autoridades conocían de la existencia del campamento. Es posible afirmar lo anterior pues al mes llevaron las tiendas de campaña y lonas mencionadas previamente; además, las autoridades delegacionales, gracias a la gestión del grupo de mujeres, entregaban comida caliente cada día. La comida la proporcionaba una empresa privada contratada por la delegación. Señalan que cada día “llenan una cazuela, nos traen una bolsa de bolillo, nos traen desechables y un garrafón de agua de sabor.” Por eso las mujeres entrevistadas estaban seguras de que las autoridades conocían su situación: “Están al tanto de nuestra situación porque nos envían la comida todos los días, eso es en cuestión a la vulnerabilidad en la que estamos, pero en cuestión a lo legal, lo que es nuestro patrimonio pues hasta ahorita no hay nada en concreto.” Si bien las donaciones de las tiendas de campaña y la entrega de comida caliente reflejan cierta respuesta por parte de las autoridades, solo es un cumplimiento parcial de los derechos de las mujeres damnificadas, pues las autoridades han sido omisas respecto a su derecho a una vida libre de violencia, de su derecho a la seguridad jurídica respecto de sus viviendas y al derecho a la reconstrucción de su inmueble.

Situación de comunidades indígenas damnificadas residentes en la CDMX

A pesar de encontrarse fuera del lente mediático, algunos grupos de damnificados, sobre todo en la delegación Cuauhtémoc, estaban conformados por comunidades indígenas residentes en la CDMX, principalmente otomís y mazahuas. Durante los años previos al sismo y ante la falta de acceso al derecho a una vivienda, una comunidad de 60 personas otomís y mazahuas ocupó un inmueble abandonado en la delegación Cuauhtémoc y se encontraban gestionando la posesión legal cuando el edificio quedó dañado estructuralmente debido al sismo del 19s. Su lucha por la vivienda data de más de 15 años. En 2010 lograron que se expropiara el predio y, al momento del sismo, estaban gestionando la compra del inmueble y el proyecto de vivienda.

El inmueble ya presentaba daños ocasionados por el terremoto de 1985 y estos se agudizaron con el sismo del 19 de septiembre de 2017. A pesar de no contar con un dictamen oficial, los representantes de la comunidad concluyeron que las fracturas en las columnas representaban un riesgo inminente para las familias y decidieron evacuar el inmueble, aunque ello implicara arriesgar la interrupción de la posesión del predio.

Lo prioritario fue buscar un espacio de alojamiento temporal para las 16 familias, la mayoría niños, que forman parte de la comunidad. Intentaron acudir a los albergues oficiales. Revisaron la lista que les proporcionó un funcionario público, pero no encontraron ningún espacio que cumpliera con las necesidades de la comunidad. Narran que, al acudir a direcciones anotadas en la lista oficial, algunos de los albergues no eran propiamente para personas damnificadas, sino para poblaciones específicas. En el caso de uno, el albergue era privado y para familiares de pacientes del Hospital Centro Médico; en otro, al que fueron enviados por autoridades, también era privado y para uso exclusivo de mujeres víctimas de violencia doméstica. Otros albergues no se encontraban abiertos y los que sí estaban disponibles no tenían las condiciones para recibir a la comunidad entera, como era su petición. Al describir el proceso de búsqueda de un albergue, uno de los representantes de la comunidad otomí señaló:

“Nosotros aquí viéndolo muy bien en verdad pos (sic) la mera verdad, es una burla para nosotros, para la comunidad. Cómo se le atreve al gobierno enviarnos a un lugar en donde ellos en verdad no tienen ninguna injerencia o ninguna administración. No lo administra el lugar. Lo que queremos es que digan mira vayan, estense ahí por los apoyos. Eso es lo que estamos solicitando, pero es que simplemente tienen los datos o tienen las direcciones y nada más nos mandan váyanse para allá.”

Con tal de asegurar mejores condiciones de seguridad para las mujeres, niñas y niños, durante las primeras noches, aceptaron la única opción viable que consistía en que ellas se quedaran en un albergue mientras los hombres instalaron un campamento en un camellón frente al edificio dañado. Así permanecieron una semana hasta que la policía comenzó con hostigamiento y amenazas. Aunque durante las primeras semanas había muchos campamentos de personas damnificadas en ciertas zonas de la delegación Cuauhtémoc, un miembro de la comunidad señala que la policía no hostigó a los que se veían “bien vestidos” pero sí a ellos por ser indígenas.

Una persona les ofreció su casa particular para que pudieran permanecer temporalmente en un lugar seguro mientras resolvían la situación de su vivienda. Así, la comunidad entera se trasladó al albergue ciudadano gestionado por ellos mismos. Ahí permanecieron más de un mes bajo condiciones precarias, ya que la casa estaba diseñada para alojar una familia, no 16 familias con un total de 60 personas. Además, la vivienda no contaba con agua potable, ni cocina, así que la preparación de los alimentos se hacía en hornillas eléctricas, mientras que el patio era utilizado para lavar y tender la ropa. El apoyo solidario fue evidente. A la casa acudían diversas redes ciudadanas para la entrega de acopio y para ofrecer actividades para niñas y niños o clases de yoga para las mujeres adultas. La comunidad se sostuvo gracias a sus propios recursos y al apoyo de estas redes solidarias.

La propietaria de la casa les pidió el inmueble a finales de noviembre, razón por la cual nuevamente tuvieron que buscar otro lugar para vivir como comunidad. Para ese entonces, muy pocos albergues oficiales permanecían abiertos. Entre las redes de Whatsapp buscamos opciones sin éxito. Solo un albergue cerca de Xochimilco estaba en condiciones de recibirlos, pero los niños estudian en escuelas públicas de la delegación Cuauhtémoc y los padres también laboran en la misma zona. Su vivienda temporal en la Cuauhtémoc les permitía continuar con sus actividades cotidianas, pero trasladarse hasta Xochimilco hubiera significado una ruptura importante de su cotidianidad.

Ante la falta de opciones viables, se instalaron nuevamente en la vía pública, en esta ocasión en el estacionamiento de un parque en la delegación Cuauhtémoc. A las horas de haber ocupado el espacio, llegaron policías y funcionarios de la delegación a decirles que estaba prohibido permanecer ahí. Se inició el trámite para presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, y junto con otras medidas de protección a sus derechos, la comunidad pudo permanecer en el campamento hasta finales de diciembre.

12. La Plataforma CDMX fue la página electrónica creada por el Gobierno en la Ciudad de México donde se podía consultar la ubicación y estado de los inmuebles afectados por el sismo del 19s. Del registro y presencia de los inmuebles en la plataforma depende el acceso para las y los damnificados a los recursos de la reconstrucción.