AFECTACIONES A DERECHOS HUMANOS

Afectaciones a derechos humanos individuales, familiares y colectivas derivadas del sismo1

Nuestra preocupación más inmediata después del sismo fue saber cómo se encontraban nuestras familias y amigos. No fue fácil comunicarnos, los teléfonos no funcionaban. Poco a poco las preocupaciones se fueron ampliando, empezamos a recibir y compartir listas de edificios colapsados en las redes sociales. Cuando nos dimos cuenta de la dimensión del desastre, caminamos a varias zonas de derrumbe en las colonias Condesa y Roma, intentado organizarnos con otras personas para buscar a los que se encontraban atrapados entre los escombros. En la calle Ámsterdam nos sumamos a una larga fila que recibía escombros del edificio hasta que llegó tanta gente que sentimos que ya no estábamos contribuyendo de manera significativa, y nos dirigimos al edificio colapsado en la calle Álvaro Obregón. Se hacía de noche. A dos cuadras encontramos a una mujer llorando. Nos acercamos a preguntar si podíamos ayudarla; nos contó que su hijo trabajaba ahí y no lo encontraba. Nos acercamos al edificio buscando a alguien que tuviera una lista de las personas que habían aparecido o rescatado, pero todo era tan caótico que fue imposible. Algunas personas decían que había una lista con los nombres de las personas rescatadas y otra con los nombres de las personas que fueron reportadas desaparecidas, pero no la encontramos. Finalmente, un paramédico dijo que las listas estaban dentro de un perímetro que no todos podían cruzar; habló con la señora y la llevó más cerca del edificio colapsado. Unos días después escuchamos en las noticias que su hijo falleció; su cuerpo fue de los últimos que recuperaron.

En los días que siguieron seguimos visitando distintos edificios. Notamos que el esfuerzo principal por lograr información sobre los nombres de las personas que se encontraban atrapadas lo encabezaban voluntarios de la sociedad civil, al igual que la atención y el apoyo a necesidades básicas de los familiares que habían acampado afuera de las zonas de derrumbe en espera de noticias. Con el paso del tiempo nos enteraríamos por las noticias que algunos de estos familiares, sobre todo en el edificio de Álvaro Obregón, y brigadistas en el edificio de la calle Bolívar, en la colonia Obrera, estaban exigiendo información transparente y oportuna a las autoridades, denunciando tanto maltratos como una desatención generalizada hacia sus personas, denuncias que culminaron incluso en enfrentamientos con las autoridades.

Al mismo tiempo visitamos predios de edificios derrumbados, como el caso de un laboratorio ubicado en la calle Puebla, colonia Roma. Este contrastaba con otros lugares porque el perímetro de seguridad puesto casi inmediatamente después del sismo fue particularmente inaccesible; no permitieron el acceso a la sociedad civil, y en muy pocos días quitaron los escombros dejando solo la plancha de cemento. Medidas igualmente aceleradas sucedieron en el predio de Bolívar en donde, a pocos días del sismo, se había demolido lo que quedaba de la estructura, se había levantado el escombro, y se había dejado apenas la plancha de cemento.

Para nosotras fue notorio el contraste entre el nivel de coordinación, la cantidad de recursos, y el tiempo que las autoridades dedicaron a limpiar estos dos predios y lo poco que invirtieron en confirmar y verificar los nombres de las personas reportadas como desaparecidas, y en brindar una atención digna a los familiares que, desesperados, buscaban noticias de sus seres queridos fuera de los derrumbes. El sufrimiento humano parecía invisibilizarse por el protagonismo de colapsos, demoliciones y daños estructurales.

A casi un año del sismo, los censos oficiales publicados en la Plataforma CDMX reflejan que las autoridades aún parecen más preocupadas por los edificios que por las personas2. Dichos censos nos permiten conocer las afectaciones a los inmuebles, mercados, pequeñas empresas, a edificios e instalaciones del gobierno de la CDMX, la infraestructura educativa y de salud, el patrimonio cultural y urbano, y la red hidráulica. También nos permiten conocer el perfil socioeconómico de las personas afectadas que voluntariamente quisieron reportarlo. Este perfil ilumina algunas desmejoras en el patrimonio y el acceso a servicios públicos que pueden haber sufrido los damnificados, pero no las caracteriza en términos de derechos humanos ni captura muchos otros tipos de afectaciones a derechos que seguramente padecieron.

Esta ausencia de datos se ve acentuada por el hecho de que, a la fecha en la que culminamos este capítulo (6 de septiembre de 2018), ni la Comisión de Derechos Humanos del DF ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos habían expedido informes sobre la situación de derechos humanos de las personas afectadas por los sismos de 2017, a pesar de que la primera comisión ha anunciado hace varios meses que presentará un informe de esa naturaleza y que la segunda comisión llevó a cabo varias audiencias sobre el tema3.

Aunque la información sobre el estado de las edificaciones y la infraestructura es fundamental para las personas afectadas y para la ciudadanía en general, dicha información solo tiene sentido si se la interpreta en función de las necesidades de las personas que las habitan, frecuentan, transitan o trabajan en ellas. Es por ello que insistimos en preguntar: ¿Qué afectaciones sufrieron las personas que perdieron su vivienda, sus espacios de trabajo, educación y/o recreación? ¿Cómo se relacionan estas afectaciones con sus derechos? ¿De qué manera las acciones y omisiones de las autoridades del estado generaron o agravaron esas afectaciones?

Este capítulo ofrece respuestas parciales a estos interrogantes. Con base en las afectaciones reportadas por las más de 200 personas que entrevistamos principalmente en campamentos ciudadanos y albergues, pero también en unidades residenciales, centros de acopio e incluso en la calle, abrimos una ventana a los diversos tipos de afectaciones que sufrieron las personas damnificadas y que, sin embargo, han quedado fuera del lente público y oficial.

Dadas las características de esta iniciativa ciudadana (detalladas en el capítulo 1), la muestra de personas entrevistadas no es lo suficientemente grande ni variada en términos del lugar de recolección de la información como para ilustrar las características demográficas de las personas damnificadas o los diferentes tipos de daños sufridos. Por ello, es fundamental resaltar que, con base en los datos cuantitativos, no podemos saber cuál fue el total de afectaciones sufridas de cada tipo ni su magnitud en la Ciudad de México. En ese sentido, más que un censo o una encuesta representativa, apenas podemos tener una idea de cuáles daños fueron sufridos y pudieron ser reportados por las personas entrevistadas. El contenido es una invitación a otros esfuerzos ciudadanos independientes y a las autoridades a seguir indagando sobre estas y otras afectaciones para así establecer medidas de protección y garantía de los derechos de las personas afectadas.

De otra parte, los datos recabados sobre afectaciones son acotados en el tiempo, pues las y los brigadistas solo obtuvieron información entre finales de octubre y comienzos de diciembre de 2017, es decir en los primeros tres meses después del sismo. Esto significa que la información que presentamos se enfoca sobre todo en la etapa de emergencia del desastre—caracterizada por las labores de búsqueda y rescate de las personas atrapadas en inmuebles o desaparecidas, la recuperación o el resguardo de los objetos que se quedaron en edificios colapsados o severamente dañados, la dictaminación de los daños sufridos por los inmuebles, las labores de demolición y evacuación de inmuebles con daño severo— y menos en la etapa posterior—caracterizada por los esfuerzos de reincorporación a la vida ordinaria de las personas afectadas para los cuales (como veremos en detalle en el capítulo 7) son vitales las medidas de estabilización socioeconómica y reconstrucción4. A pesar de lo anterior, es muy posible que muchas de las afectaciones analizadas en este capítulo que comenzaron a generarse en los primeros meses de la emergencia aún no hayan cesado, sino que por el contrario continúen y se hayan agravado con el paso del tiempo.

Lo que nos muestran los datos es que el sismo tuvo impactos mucho mayores a los que se observan en los cimientos, la estructura o las paredes de los edificios dañados. Entre los hallazgos que presentamos en este capítulo, se encuentran que, durante la primera etapa de la emergencia tras el sismo, las autoridades no ofrecieron información precisa, transparente y pública respecto de las operaciones de búsqueda y rescate, las personas rescatadas con vida, la custodia y devolución de bienes atrapados en los inmuebles, y la evaluación preliminar de los daños de forma cierta y oportuna. Las personas damnificadas reportaron haber sufrido afectaciones psicológicas generalizadas, afectaciones que suceden en cualquier situación de desastre, pero que aumentan en sus manifestaciones cuando las acciones de las autoridades, en lugar de contener y delimitar los impactos, los agudizan e intensifican.

La falta de información no parece haber sido exclusiva de la primera etapa de la emergencia, sino que predominó también en relación con las tareas de más larga duración de dictaminación de inmuebles, evacuación, demolición y reconstrucción.

Durante los tres meses posteriores al sismo, identificamos que las personas damnificadas sufrieron un empobrecimiento importante, no solo a raíz de la pérdida o afectación del inmueble, sino también de la alteración de los ingresos percibidos y los bienes muebles perdidos. Ello se debió, entre otros factores, a la imposibilidad de recuperar los bienes que se encontraban dentro de los edificios, la pérdida o el menoscabo de los ingresos económicos durante y después de la emergencia con motivo de las dificultades para trabajar, junto con los impactos económicos de tener que pagar por alojamiento temporal y víveres, entre otras necesidades.

En cuanto a las condiciones documentadas que impactan las posibilidades de reconstrucción a futuro, una buena parte de la población damnificada no era dueña o no tenía documentos suficientes para probar su relación con el inmueble afectado, lo cual aumenta significativamente su vulnerabilidad.

El capítulo comienza describiendo el perfil de las personas encuestadas. Luego se enfoca en los distintos tipos de afectaciones sufridas en distintos momentos de la emergencia: las labores de búsqueda y rescate, recuperación y resguardo de los objetos que se quedaron en edificios colapsados o severamente dañados, dictaminación de los daños sufridos por los inmuebles, de demolición y evacuación de inmuebles con daño severo, y los comienzos de las decisiones en materia de reconstrucción. Finalmente ofrece una comparación entre las afectaciones y las actuaciones de las autoridades en delegaciones socioeconómicamente periféricas y no periféricas.

1. Algunos de los relatos descritos en este capítulo corresponden a las semanas inmediatamente después del sismo cuando aún no nos habíamos organizado como Proyecto Documenta desde Abajo. Sin embargo, las describimos aquí en primera persona porque todas fueron experiencias vividas por parte de integrantes del equipo coordinador.

2. Según lo estipulado en la Ley para la Reconstrucción, los censos debían estar listos para marzo de 2018, pero se atrasaron en su publicación medio año más, y apenas fueron publicados en agosto de 2018. http://plataforma.cdmx.gob.mx/

3. En su informe anual de 2017, la Comisión de Derechos Humanos del DF registra una serie de actividades realizadas en el contexto del sismo dentro de las cuales indica la instalación de acopios, oficios de colaboración, la recepción de quejas, entre otras, no obstante no brinda ningún tipo de información que permita dimensionar el número de personas afectadas ni la situación de sus derecho humanos. Ver, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (2018), Informe Anual 2017, pp. 45-51.

4. Como veremos en el capítulo 7, además de esas dos etapas, el desastre comprendido como un proceso social también incluye la etapa anterior a la emergencia, cuando aún no se ha producido el fenómeno natural que la produce, pero pueden (o no) tomarse medidas de fundamental importancia para la prevención y mitigación de daños y para la reducción de vulnerabilidades, que resultan fundamentales para que el fenómeno natural conduzca o no a un desastre.