AFECTACIONES A DERECHOS HUMANOS

El perfil de las personas damnificadas entrevistadas

Procedencia

La información que presentamos en este capítulo fue proporcionada por un total de 207 personas que se encontraban en ocho delegaciones. Tal como lo demuestra la siguiente gráfica, las repuestas se concentraron en tres delegaciones, Benito Juárez (33%), seguido por Xochimilco (21%) y Cuauhtémoc (20%); también obtuvimos respuestas de personas damnificadas en las delegaciones Coyoacán, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tláhuac (Gráfica 3.1)5.

Gráfica 3.1 Distribución de entrevistas realizadas por delegación

Como explicamos en el capítulo 1, la estrategia del proyecto para lograr recoger información de múltiples afectados en un mismo lugar consistió en acercarnos a los lugares en los que había concentración de personas afectadas. Ello explica que dos terceras partes de las entrevistas se hayan efectuado en campamentos ciudadanos, que por lo general se encontraban dentro o al lado de edificios con daños severos. Sin embargo, el segundo sitio más frecuente para levantar la encuesta fue en las viviendas de los afectados. También recabamos información en algunos albergues oficiales, en un albergue ciudadano, en espacios comunes de Unidades Habitacionales y otros espacios públicos.

El resultado de nuestra estrategia de documentación fue que las personas entrevistadas provenían, en su mayoría, de edificios severamente dañados (en ese entonces las evaluaciones eran sobre todo preliminares). Solo en dos casos entrevistamos a familiares o vecinos de personas que perdieron la vida, provenientes de edificios que colapsaron.

Del total de las personas entrevistadas, 161 se identificaron como “jefe de hogar”, es decir, tanto hombres como mujeres cuyos ingresos son la principal fuente de soporte económico para sus familias. Un poco más de la mitad (54%) de los encuestados son mujeres y el promedio de edad ronda los 50 años. Por lo general, las familias se componen de 4 integrantes, con dos integrantes mayores de edad. Sin embargo, hubo siete casos en los que las personas entrevistadas refirieron un número elevado de miembros de la familia (10 a 21 personas), casi todos ubicados en zonas periféricas o semi-periféricas de la ciudad6. Del total de las personas entrevistadas, cinco (4.4%) se auto-reconocieron como pertenecientes a un pueblo originario o comunidad indígena residente en la Ciudad de México.

Relación con el inmueble afectado

Dado que de las personas entrevistadas todas –salvo las del edificio de la calle Bolívar, que era una fábrica- perdieron definitiva o temporalmente sus espacios de vivienda, consideramos pertinente preguntar acerca de su relación con el inmueble afectado, así como por los documentos con los que contaban para acreditar tal relación. Esas preguntas no solo tenían el propósito de caracterizar a las personas afectadas sino también de identificar su nivel de vulnerabilidad.

Del total de personas entrevistadas, dos terceras partes eran propietarias, mientras que 19% se identificaron como ocupantes que no podían acreditar la propiedad7, y 15% como inquilinas. Sin embargo, al comparar la relación con la vivienda y la existencia de algún documento probatorio, se aprecian importantes diferencias (Cuadro 3.1). En un extremo están las personas que se auto-reconocieron como propietarias, que casi en su totalidad cuentan con algún documento que acredita esa condición (escrituras, contrato de compraventa o herencia con testamento). Por las condiciones en las que se recolectó la información fue imposible corroborar si los documentos que acreditaban la propiedad tenían un registro efectivo en el Registro Público de Propiedad—que es condición necesaria para el reconocimiento oficial como propietario—por lo cual es muy posible que el porcentaje de personas que cuenten con título suficiente para acreditar formalmente la propiedad sea sustancialmente inferior.

En el otro extremo están las personas que dijeron ser ocupantes. Alrededor de la mitad de estas afirmaron contar con algún documento probatorio de su relación con el inmueble, tal como comprobantes de pago de servicios. Sin embargo, estos documentos no constituyen prueba válida de relación propiedad con el inmueble ni, por sí solos, otorgan una protección fuerte a sus derechos como poseedores8.

Como ejemplo de ello, un brigadista registró la situación de vulnerabilidad de una familia conformada por dos adultos mayores y su nieto, que habitaba un edificio en la colonia Portales, delegación Benito Juárez:

Los inquilinos están en un punto intermedio de precariedad, pues 73% cuentan con algún documento probatorio de su relación con el inmueble, como un contrato de arrendamiento.

Los datos anteriores sugieren la existencia de un problema social profundo, consistente en la carencia de documentos legales que acrediten y protejan la relación que las personas tienen con las viviendas que ocupan. Como argumentamos en el capítulo 7, tanto la vulnerabilidad que deriva de esta situación como las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos sociales y de reconstrucción indican que el Estado debería promover esquemas de formalización de la propiedad para las personas damnificadas y para las personas ubicadas en zonas de riesgo.

Por último, 21 entrevistados (10% del total) refirieron que su inmueble pertenece al régimen de propiedad social9.

Cuadro 3.1 Comparación entre tipo de relación con el inmueble y existencia de prueba de la relación*
* Sólo casos con información.
** Poseedor, intestado, lo está pagando, cedido u ocupado.

5. En adelante, los porcentajes válidos que aparecen en este y el resto de los cuadros son aquellos que no toman en cuenta los valores perdidos (“No respuesta” o “Sin especificar”). Cuando se describan los porcentajes en el texto se hará referencia a los porcentajes válidos, pero las tablas muestran también los porcentajes totales.

6. Tres de ellos en San Gregorio, Xochimilco; uno en Tecatixtla, Milpa Alta; uno más en Tierra Colorada, Magdalena Contreras y uno en la colonia Guerrero, Cuauhtémoc. El otro caso no especificó su ubicación.

7. Este grupo incluye a personas que habitan una vivienda intestada, cedida, que están pagando o que explícitamente se autodenominaron “poseedores”.

8. Así para un proceso de prescripción, aunados a los recibos, se suele requerir una prueba del título o la causa generadora de la posesión como, por ejemplo, un contrato privado de compraventa que no fue elevado a escritura pública o alguna otra prueba que permita inferir el inicio de la posesión. Ello dependerá de cada caso en concreto.

9. Entendida como aquella que se compone de la tierra ejidal y comunal de acuerdo con el artículo 27 constitucional. La ley para la reconstrucción de la CDMX establece un esquema especial para este tipo de propiedad (artículos 21 y subsiguientes) pero no contempla la complejidad muy común en la Ciudad de México en la que pueden converger múltiples poseedores de un predio de propiedad social que no cuentan con un documento probatorio de validez frente a terceros como, por ejemplo, sucede en Xochimilco.