AFECTACIONES EN SAN GREGORIO ATLAPULCO, XOCHIMILCO

Medidas de recuperación

Dictámenes

Las personas afectadas señalan que en San Gregorio los Directores Responsables de Obras (DRO)8 y las autoridades de Protección Civil se encargaron de dar dictámenes para las viviendas que tuvieron afectaciones. Posteriormente, esos documentos serían uno de los requisitos para otorgar apoyo económico por parte de FONDEN.

La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la alcaldía de Xochimilco otorgaba dictámenes del estado de la vivienda. A pesar de lo anterior, existieron denuncias de desorganización institucional de las personas afectadas pues se consideraba que existía falta de personal para el levantamiento censal de los edificios derrumbados. Además, señalaron desconfianza porque pensaban que existía inconsistencia en las cifras oficiales y sobre todo creían que había una asignación desigual de los apoyos otorgados por el gobierno.

A dos meses del sismo, las personas afectadas de San Gregorio denunciaron la escasa información por parte de las autoridades y la falta de documentos o dictámenes con relación a su vivienda. Se señaló que, cuando había dictámenes, estos eran con frecuencia contradictorios. Se dijo que los DROs señalaban pérdida parcial y luego “rectificaban” como pérdida total, o viceversa. Mientras tanto, Protección Civil revisaba las estructuras y colocaba en las puertas o muros las condiciones de la vivienda independientemente del dictamen de la otra institución (ver imagen 3).

Apoyos económicos

Los afectados mencionaron que se les otorgaron apoyos de la fundación Tzu Chi, Taiwán con tarjetas para despensa y material, en función del sondeo que realizaban al visitar a las familias afectadas. Mencionaron que los taiwaneses visitaban casa por casa; el monto proporcionado estaba en función de la gravedad del daño en la vivienda y era entregado directamente a las personas afectadas. Los montos iban de $3000 hasta $8000.

Asimismo, personas afectadas mencionaron que el Programa de Inclusión Social (PROSPERA) solicitó datos personales para el pago de $3000 por tres meses de apoyo para la renta de vivienda. Este apoyo se daría por concluido en el mes de diciembre.

De otra parte, el FONDEN otorgó apoyos económicos en función de los daños sufridos por los inmuebles a través de una tarjeta. Para daño total, el apoyo previsto era $ 120 mil divididos en tres pagos ($ 90, 000 para la construcción y $ 30 mil para el material. Para daño parcial se preveían $15, 000 y para daños menores $4, 000.

A partir del recorrido que realizamos, obtuvimos impresiones de que las casas más alejadas del centro no recibieron el mismo apoyo que aquellas que se encontraban cerca.

Además, las personas afectadas reportaron problemas de diversa índole en relación con las ayudas de FONDEN. Por ejemplo, personas afectadas que viven en callejones y lugares alejados del centro reportaron la falta de visita del personal encargado de realizar la evaluación para obtener el apoyo del FONDEN.

Otro de los problemas que se mencionaron sobre el FONDEN fue que la ayuda se proporcionaba a la persona dueña con escrituras y no a las demás familias que compartían el predio (ver imagen 4). Esto resulta problemático pues es común en San Gregorio que las escrituras no estén actualizadas y que varias familias vivan en el mismo predio dividido por acuerdos privados.

Un asunto adicional que se mencionó con frecuencia es que el apoyo del FONDEN está dirigido a construcciones que tienen el título de casa-habitación. Sin embargo, en muchas situaciones el espacio que se usa como local-comercial cumple también la función de vivienda, dejándolo fuera del parámetro de apoyo. Hay muchas problemáticas similares relacionadas con el modo en el cual la estructura familiar y la falta de documentos que avalen posesión de propiedades afectaron el acceso a apoyos económicos de las personas afectadas.

Imagen 4. Requisitos para el crédito emergente para reparación de viviendas.

Cortesía. María Asunción Avendaño G., enero 2018.

De otra parte, las personas afectadas señalaron inconsistencias en las tarjetas del FONDEN.

En particular, reportaron situaciones en las que se entregaba la tarjeta del FONDEN en un sobre que tenía apuntada la cantidad, pero, al retirar el monto, la cantidad era mucho menor de lo que decía el sobre. Otras personas denunciaron que ya se les había asignado un folio de tarjeta, pero no se les entregó nunca.

En ambos casos, las personas afectadas no sabían a quién pedir información sobre su situación. En consecuencia, las personas afectadas señalaron que se dirigieron a la organización civil 19S (sobre su actuación, ver siguiente sección) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se les proporcionara información y así facilitar el trato con las demás dependencias de gobierno.

Del lado positivo respecto del actuar de las autoridades, se encontró que había centros de atención de SEDUVI que tenían la función de tramitar algunos apoyos, en material o económicos. Estos stands provisionales les permitieron a los afectados no tener que desplazarse a las oficinas centrales y así agilizar el proceso de acceder a apoyos.

Demoliciones prematuras

En nuestras visitas, observamos que el Gobierno central introdujo maquinaria para demoler y remover los escombros aún sin que los dictámenes por DROs o en su defecto las evaluaciones de habitabilidad de Protección Civil se hubieran realizado (ver imagen 5).

Imagen 5. Demolición

Cortesía. María Asunción Avendaño G.

Esta situación fue el resultado de que las autoridades dijeran a las familias afectadas que, para obtener el servicio de demolición y reconstrucción “sin pagar”, debían consentir a las demoliciones lo más pronto posible. Ello condujo a que varias familias optaran por que su vivienda fuera demolida y reconstruida sin saber cuánto tiempo tardarían en terminarla ni qué condiciones tendría su nueva casa. (ver imagen 6).

Imagen 6. Etapa de limpieza de escombros y demolición









Cortesía. María Asunción Avendaño G., enero 2018.

Reconstrucción

Para la fecha en que se realizaron los cuestionarios, nos encontramos con que ya se había propuesto una casa muestra para la reconstrucción. Sin embargo, las personas del pueblo señalan que la información sobre el proceso de reconstrucción era imprecisa: no se explicaba la forma en la cual se llevaría a cabo la construcción, ni se definía el tiempo en el cual estarían terminadas las viviendas. Aunque algunas personas sabían que no tendrían que pagar por las viviendas, en otros casos no se sabía nada al respecto.

De otra parte, las personas afectadas no fueron consultadas para el diseño ni les preguntaron cuáles eran las necesidades básicas a cubrir. Además, afirmaron que las casas no fueron de su agrado (imagen 7). Esta situación es particularmente delicada, teniendo en cuenta que San Gregorio es un pueblo originario con derecho a la consulta previa, y sus miembros tienen derecho a que sus viviendas sean culturalmente adecuadas.

Imagen 7. Casa muestra.



Cortesía. María Asunción Avendaño G., enero 2018.

En el mes de enero, había personas que aún se encontraban sin dictamen y que estaban a la espera de que se demolieran sus viviendas. Como ya estaban anotadas en listas y les aseguraban el apoyo, expresaban que entendían que el proceso sería largo porque había otras personas que también necesitaban de los servicios (ver imagen 9).

Imagen 8: Prototipos de vivienda y modelos de habitaciones: Unión y fortaleza 9.



Cortesía: María Asunción Avendaño García.

Las personas afectadas indicaron que el Grupo Carso10 y empresas afiliadas estaban involucradas en el proceso de demolición, diseño y reconstrucción. Esta intervención estaba relacionada con la Fundación Carlos Slim, que ofreció otorgar viviendas gratuitas a algunas familias afectadas.

Sin embargo, en las labores de reconstrucción también parece haber jugado un rol preponderante la “Asociación Civil 19 de Septiembre”, que tiende a ser asociada con el diputado de la Asamblea Legislativa de la CDMX Leonel Luna. Varias personas entrevistadas se quejaron de que dicha asociación producía información inexacta sobre las condiciones para acceder a programas de apoyo, de que su relación con las autoridades estatales era opaca, y de que su actuar estaba basado en criterios políticos o partidarios. Por ejemplo, hubo quejas de que la asociación indicaba a los pobladores que solo a través suyo podrían acceder a los recursos de reconstrucción, y que si accedían a los recursos del FONDEN no podrían luego acceder a los programas de reconstrucción.

Imagen 10. Conversatorio promovido por la Organización 19S



Cortesía. María Asunción Avendaño G.

8. El Director Responsable de Obras es quien se encarga de que se sigan las normas técnicas durante una construcción (IIJ, 2018).

9. Los nombres Unión y Fortaleza se refieren a prototipos de viviendas. Los modelos habitacionales tenían nombres: Esperanza, Unión y Fortaleza. Estos supuestamente contaban con características resistentes a los sismo

10. El Grupo Carso pertenece al empresario Carlos Slim.

Como quiera que sea, las labores de reconstrucción fueron impulsadas sin un fundamento legal claro. En efecto, muchas de ellas se desarrollaron antes de la expedición (en diciembre) de la Ley para la Reconstrucción de la Ciudad de México.

Lo anterior parece estar relacionado con el incidente de falta de transparencia y arbitrariedad en la asignación de los recursos para la reconstrucción por parte de algunos diputados de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México –entre los que se encuentra Leonel Luna – que condujo a la renuncia del Comisionado para la reconstrucción Ricardo Becerra en febrero de 2018. El comisionado explicó su renuncia argumentando que, ya para diciembre, los diputados habían asignado los recursos para la reconstrucción discrecionalmente y sin atender a los criterios técnicos recomendados por la Comisión.